Por una educación inclusiva: La Plataforma “Ningún niñ@ sin ATE” confronta la realidad educativa en Murcia
La Plataforma “Ningún niñ@ sin ATE” ha puesto de manifiesto una situación que preocupa a padres y educadores en la Región de Murcia. Según información recibida por uno de sus miembros y proporcionada por el Servicio de Atención al Ciudadano, las carencias en la atención al alumnado con necesidades especiales no son un espejismo, sino una realidad que se confirma con cada dato y cada testimonio recogido.
El organismo, que responde a la queja previamente emitida por la plataforma, revela que las plazas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de auxiliares educativos en la Consejería de Educación ascienden a 255. Este número, que debería responder al incremento de las necesidades educativas especiales, ha permanecido inmutable durante los últimos 11 años. Contrastando esto con la realidad de los contratos por programas, que no sólo duplican a los de estructura sino que los excede por más de 40 a junio de 2023, se evidencia una tendencia preocupante.
La plataforma argumenta que esta modalidad contractual, lejos de ser una solución a necesidades temporales, se ha convertido en un problema crónico. Afirman que esta situación está impidiendo que la atención que requieren los alumnos con necesidades educativas especiales sea estable y de calidad. Como consecuencia, el personal educativo se enfrenta a una precariedad laboral y los estudiantes a una atención fragmentada, con auxiliares a menudo compartidos entre varios centros.
Los datos proporcionados no incluyen cifras sobre las familias que han tenido que tomar decisiones difíciles, cómo escolarizar a sus hijos en centros distantes o diferentes a los de sus hermanos, causando problemas adicionales de segregación escolar y conciliación familiar.
Desde el curso 2019-2020, la necesidad de apoyo de ATE para alumnos con necesidades educativas especiales en centros ordinarios ha aumentado significativamente, más de un tercio. No obstante, este incremento en la demanda no se ha visto correspondido con un aumento proporcional de auxiliares educativos. Este desbalance se refleja claramente en la evolución del ratio de alumnos por auxiliar, que ha empeorado notablemente en tres cursos, pasando de 4,52 en el curso 2019-2020 a 6,88 en el 2022-2023.
Ante esta situación, los padres reclaman medidas inmediatas y efectivas. Exigen que se provea a los centros educativos de auxiliares educativos con horarios completos, que permitan una atención integral que incluya actividades complementarias y extraescolares, así como la posibilidad de participar en coordinaciones y reuniones. Aspiran a que haya suficientes profesionales para atender todas las necesidades individuales y que la sustitución de estos sea eficaz para evitar dejar a los niños sin atención, una circunstancia que puede llegar a impedir su asistencia a la escuela.
La Plataforma “Ningún niñ@ sin ATE” recalca que no se trata de un capricho, sino del derecho fundamental a la educación, un derecho que la administración educativa tiene la obligación de garantizar. La inclusión educativa, subrayan, no es una cuestión de recursos, sino de voluntad.
El testimonio de la plataforma y las cifras presentadas son un llamado a la reflexión y a la acción. Los próximos pasos de la administración educativa serán determinantes para demostrar su compromiso con una educación verdaderamente inclusiva.
