Condenada a cuatro años de inhabilitación una exconcejal de Molina de Segura por el caso de las tarjetas de aparcamiento
Una exconcejal del PP en Molina de Segura, María Dolores Vicente, ha sido condenada a cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público por la concesión irregular de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad, según han adelantado este lunes medios regionales.
La resolución afecta a un caso investigado durante años por la entrega de tarjetas de aparcamiento a personas que, según la acusación, no cumplían los requisitos exigidos para disponer de este distintivo.
La otra exedil juzgada en la causa, Consuelo Rosauro, ha sido absuelta, según esas mismas informaciones.
El caso de la exconcejal del PP en Molina de Segura se remonta a los años 2011-2015
Los hechos investigados se sitúan entre los años 2011 y 2015, etapa en la que María Dolores Vicente ocupaba responsabilidades en el Ayuntamiento de Molina de Segura.
La causa se centraba en la supuesta concesión arbitraria de tarjetas de estacionamiento reservadas a personas con discapacidad o movilidad reducida. La investigación apuntaba a expedientes en los que no constaba la documentación necesaria para justificar la entrega de esos permisos.
La Fiscalía acusaba a Vicente de haber firmado resoluciones irregulares pese a la falta de informes que acreditaran el derecho a obtener esas tarjetas.
Fiscalía pedía una pena superior
Antes del juicio, el Ministerio Fiscal solicitaba para María Dolores Vicente una pena de nueve años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación administrativa.
Para Consuelo Rosauro, la Fiscalía pedía cuatro años de inhabilitación al considerar que habría actuado como inductora en alguno de los expedientes investigados.
La sentencia conocida ahora rebaja la petición inicial respecto a Vicente y absuelve a Rosauro.
Un recurso reservado a personas con discapacidad
Las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad permiten aparcar en plazas reservadas y facilitan la movilidad de quienes tienen reconocidas limitaciones para desplazarse.
Por ese motivo, la concesión de estos permisos exige el cumplimiento de requisitos administrativos y médicos. La causa judicial analizaba si esos controles se respetaron en los expedientes investigados.
El caso tuvo su origen en la revisión de varias tarjetas concedidas durante aquella etapa municipal. El Ayuntamiento de Molina de Segura llegó a personarse como acusación particular en el procedimiento.
