El PSOE de Molina interpone denuncia por presuntas calumnias al Portavoz de VOX
La agrupación del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Molina de Segura ha presentado una denuncia formal contra Antonio Martínez Sánchez, primer teniente de alcalde y miembro de VOX en el municipio, tras lo que describen como calumnias e injurias difundidas a través de las redes sociales.
Según fuentes del PSOE, las publicaciones en cuestión habrían sido compartidas por Martínez Sánchez el día de ayer, acusando a la militancia socialista de incitar al odio. Estos comentarios coinciden con una serie de incidentes que han marcado a la sede del partido, la cual ha sido blanco de ataques vandálicos recientemente.
El contenido del mensaje en las redes, directamente atribuido a Martínez Sánchez, incluye severas críticas hacia los socialistas de Molina de Segura, a quienes califica de “cómplices” y “sicarios”, sugiriendo una relación entre ellos y el estado de deterioro de su propia sede partidaria. Esta información ha sido verificada a través del enlace proporcionado, el cual dirige al perfil de Facebook del mencionado líder de VOX.
Isabel Gadea, portavoz del Grupo Socialista, ha condenado vehementemente estos actos, enfatizando el desprecio que, según sus palabras, suponen no solo para los ciudadanos de Molina sino también para la representatividad institucional. Desde la formación socialista, se hace un llamado explícito al alcalde de la localidad, Jose Ángel Alfonso, a tomar cartas en el asunto y a no tolerar lo que califican como una actitud sectaria y perjudicial para la convivencia que debería prevalecer en la gestión pública.
Gadea también ha criticado al alcalde Alfonso por permitir la participación de la ultraderecha en el gobierno municipal, acusándolo de sacrificar los principios de igualdad y respeto por mantenerse en el poder. En paralelo a estas denuncias, se reportan sucesos de violencia en la sede del PSOE, hechos que, en palabras de Gadea, podrían verse alimentados por las declaraciones en cuestión y que contravienen el deber de los poderes públicos de salvaguardar la libertad y la civilidad en el discurso político.
