MOLINA

Vecinos de Granados 68 denuncian la inacción municipal y exigen el desmontaje de la antena por motivos de salud

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Liliana Benedetti

La Plataforma vecinal GRANADOS 68 alerta sobre los posibles riesgos para la salud derivados de una antena de telefonía móvil instalada en su barrio y denuncia la falta de actuación del Ayuntamiento pese a las órdenes municipales de desmontaje emitidas hace casi tres meses. La instalación, señalan, pertenece a la empresa American Tower España, a la que acusan de operar sin autorización y de incumplir reiteradamente la normativa. Desde Urbanismo se afirma que la antena podrá legalizarse en breve, una vez completada la documentación técnica requerida.

Reclamos por la salud y denuncia de falta de actuación

La Plataforma GRANADOS 68, junto con la Asociación Murciana Contra la Contaminación Electromagnética (AMUCCEM), ha trasladado a este medio una nueva nota de prensa en la que expresa su preocupación por los posibles efectos de la antena sobre la salud de los vecinos y acusa a la empresa titular de la instalación, la multinacional American Tower España, de mantenerla activa pese a no contar con las autorizaciones necesarias.

Según indican, se han presentado ya casi un centenar de instancias al Ayuntamiento —muchas a título particular—, además de un escrito colectivo respaldado por cerca de 1.000 firmas de apoyo vecinal y un mapa de vecinos con diagnósticos oncológicos en un radio de 400 metros respecto a la antena situada en la calle Granados 68, en Molina de Segura.

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La instalación, según denuncian, continúa activa pese a que Urbanismo ordenó su desmontaje en septiembre, tras declarar desfavorable la Declaración Responsable y abrir un expediente sancionador. En esa resolución también se dictaba la suspensión inmediata de toda actividad relacionada con la estación de telefonía móvil.

Desde la plataforma informan que la semana pasada vecinos observaron la entrada de un operario con equipamiento técnico, y al día siguiente detectaron que el precinto judicial de la sala de máquinas estaba despegado, lo que interpretan como una vulneración directa de la orden de suspensión. El portavoz vecinal, Miguel Palazón, aclara que la antena fue precintada el pasado 3 de octubre y no se encuentra funcionando desde entonces. También recuerdan que el precintado de la antena solo se ejecutó tras requerimiento judicial, lo que —a su juicio— refleja la impunidad con la que actúa la empresa.

Seguiremos manifestándonos todas las semanas por nuestros barrios —y ya van 14— hasta ver garantizado nuestro Derecho a la Salud con el desmontaje de la antena”, afirma el portavoz vecinal Miguel Palazón, con quien ha mantenido contacto este medio para conocer la evolución del conflicto.

Además, Palazón subraya que la antena “afecta a zonas sensibles como colegios, guarderías y parques infantiles”, y considera que “debe aplicarse el Principio de Precaución”, al tratarse de una instalación que —asegura— fue colocada sin licencia previa y que no cumple con el uso urbanístico de la zona.

Desde la plataforma consideran que la pasividad institucional tiene un objetivo claro: “dejar pasar el tiempo suficiente para que la empresa subsane las deficiencias del expediente y pueda continuar su actividad”. Recuerdan que en septiembre de 2024 se declaró desfavorable la Declaración Responsable, que en febrero de 2025 se dictó resolución de ineficacia, y que en marzo ni abril se presentaron alegaciones.

Además de la antena principal, denuncian que en julio de este año se instalaron otras dos antenas adicionales sin que constaran en el proyecto inicial, ni se solicitara licencia para ellas. “Nos preguntamos si cualquier vecino tendría tanta manga ancha”, agregan.

Finalmente, destacan que además de las movilizaciones semanales, la plataforma ha organizado mesas informativas y conferencias con el objetivo de visibilizar el conflicto. En sus palabras:

El interés económico de una empresa no puede estar por encima de nuestra salud, por muy multinacional y americana que sea”.

Urbanismo confirma que la legalización de la antena está en trámite

Este medio ha contactado con la concejala de Urbanismo, Paloma Blanco, para recabar la versión oficial del Ayuntamiento. Según explicó, la instalación de la antena es compatible con el Plan General de Ordenación Urbana de Molina de Segura, que permite expresamente la colocación de antenas de telecomunicaciones en zonas UR3 y UR5, como es el caso de Granados 68.

Blanco detalló que la actual Declaración Responsable es desfavorable por dos motivos:

  • Falta de una parte menor de la documentación exigida.
  • Ausencia del informe técnico preceptivo del ingeniero de telecomunicaciones del Ayuntamiento.

Una vez subsanados estos puntos, desde Urbanismo se emitirá una declaración favorable, que —según afirma— regularizará completamente la instalación desde el punto de vista urbanístico. Añadió además que las antenas que no cumplían con el retranqueo fueron retiradas, y que la estructura principal se ajusta a la normativa vigente.

Respecto al posible funcionamiento actual de la antena, Blanco señaló que, mientras no se emita la declaración favorable, no debería estar en funcionamiento, y que si se detecta emisión de señal, la competencia recae en la Concejalía de Industria y Telecomunicaciones, no en Urbanismo.

Sobre la buhardilla donde se ha ubicado la antena, indicó que fue construida hace más de 15 años y está fuera de ordenación, por lo que no se puede intervenir sobre ella. También confirmó que a los vecinos se les envió la normativa vigente donde consta que se permiten este tipo de instalaciones.

Posturas enfrentadas y un expediente aun sin resolver

A día de hoy, el conflicto por la antena de Granados 68 sigue abierto. Los vecinos exigen su desmontaje inmediato por razones de salud pública y legales, mientras desde Urbanismo se sostiene que la instalación podrá legalizarse en breve, una vez completado el expediente técnico.

Las posiciones son claras y opuestas: la plataforma denuncia un incumplimiento sistemático de la legalidad y la falta de voluntad política, mientras que el Ayuntamiento apunta a una próxima resolución favorable, apoyada en el marco urbanístico actual.

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