Asociaciones vecinales en Molina de Segura reclaman detener la planta de biogás

Movilización ciudadana y batalla jurídica contra la planta de biogás en Molina de Segura

En la edición de ayer, del programa «Molina al Día», María José Cánovas y Simón Tudela, representantes jurídicos de las asociaciones vecinales que se oponen a la construcción de la planta de biogás en Molina de Segura, en el Polígono La Polvorista, explicaron detalladamente la situación actual. Abordaron aspectos como las irregularidades jurídicas detectadas, la falta de respuestas contundentes por parte del Ayuntamiento, las posibles consecuencias para la salud y la calidad de vida de los vecinos, y la necesidad urgente de paralizar las obras. También analizaron la importancia del respaldo popular manifestado a través de protestas ciudadanas y discutieron sobre los próximos pasos legales si la administración local continúa sin actuar.

Argumentos jurídicos y denuncias de los vecinos

La entrevista, protagonizada por María José Cánovas y Simón Tudela, portavoces de las asociaciones vecinales legalmente constituidas en oposición a la planta de biogás, arrojó luz sobre diversas cuestiones que preocupan especialmente a los habitantes de las zonas próximas al polígono industrial La Polvorista, como La Ribera, Torre Alta, Los Vientos, Las Señoritas y la urbanización Agridulce.

Cánovas denunció la falta de transparencia por parte de las autoridades municipales, explicando que la información inicial sobre la planta fue publicada discretamente en julio en el boletín provincial, dificultando la presentación oportuna de alegaciones. «Todo se hizo de forma oculta y en silencio», aseguró.

Irregularidades administrativas

Las asociaciones, según Cánovas, han presentado diversos escritos al Ayuntamiento, detallando incumplimientos tanto del Plan General de Ordenación Urbana de Molina de Segura como de normativas ambientales regionales. Sin embargo, denuncian que el Ayuntamiento no ha respondido adecuadamente a estos planteamientos jurídicos. «Nos está ignorando totalmente el Ayuntamiento», destacó Cánovas, mencionando que únicamente se ha recibido una respuesta insuficiente y evasiva a una asociación jurídica específica, el CEU.

Simón Tudela reforzó este punto explicando que, aunque el Ayuntamiento cuenta con argumentos jurídicos sólidos para detener provisionalmente la obra, hasta ahora no lo ha hecho. “La siguiente vía es la judicial, porque hay suficientes irregularidades para ponerlo en tela de juicio”, afirmó Tudela.

Consecuencias sobre la población

Ambos representantes aclararon que la preocupación de los vecinos no se limita a las molestias por olores desagradables, sino que va más allá, apuntando a riesgos graves para la salud derivados de la presencia potencial de gases tóxicos. Tudela destacó especialmente el peligro del ácido sulfhídrico, «imperceptible al olor cuando sus índices son muy altos y extremadamente peligroso para la salud».

Además, resaltaron el impacto económico, argumentando que la cercanía a una planta de biogás provocaría una depreciación significativa del valor de las propiedades, afectando también negativamente a las empresas del área, especialmente aquellas relacionadas con la alimentación o productos infantiles.

Movilización popular como herramienta de presión

Ambos portavoces enfatizaron la importancia de la movilización ciudadana como herramienta complementaria a la vía jurídica. Según María José Cánovas, alrededor de 5.000 personas estarían directamente afectadas, cifra que podría multiplicarse si se consideran instituciones educativas como la Universidad de Murcia. «Realmente nadie está a salvo», concluyó.

Cánovas y Tudela también destacaron positivamente la experiencia organizativa y colaborativa de la plataforma ciudadana contra la planta de biogás, asegurando que continuará la presión tanto social como jurídica hasta lograr que se revise en profundidad el proyecto y se paralicen las obras.

Futuro incierto y acciones inmediatas

Ambos letrados recordaron que la paralización cautelar sería fundamental para evitar daños mayores y perjuicios económicos y humanos irreversibles. Criticaron la actitud municipal, indicando que los escritos presentados han sido ignorados selectivamente, y urgieron al alcalde a actuar para no incurrir en responsabilidades legales más graves en el futuro.

La situación sigue abierta y los vecinos continúan a la espera de una respuesta clara y acciones concretas por parte del Ayuntamiento.