El Pleno de Molina decide sobre el Incremento de la Tasa de Basura

Un Pleno Extraordinario Centrado en Residuos
El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Molina de Segura, celebrado esta mañana, se centró exclusivamente en la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, incluyendo la resolución de las alegaciones presentadas y su aprobación definitiva.
Laura Plata, concejala del PSOE, expresó su preocupación por el impacto que esta medida tendrá en diversos sectores de la sociedad de Molina de Segura. “La coalición PP-VOX ha impulsado un aumento en la tasa de basura de hasta un 70%, con un promedio del 56%, afectando a los residentes de áreas urbanas, urbanizaciones, pedanías, así como a las empresas locales, incluyendo comercios, bares, restaurantes, clínicas, farmacias, peluquerías e industrias en polígonos industriales”.
Defensa desde Hacienda
El concejal de Hacienda, Fran Hernández, defendió la necesidad de la modificación para cumplir con la legislación nacional y garantizar la financiación completa del servicio de recogida de residuos. Calificó las alegaciones del grupo socialista como infundadas y criticó su gestión anterior y su actual enfoque hacia los presupuestos municipales. Durante el debate, se produjo un momento de tensión cuando el Grupo Municipal Socialista solicitó una disculpa por un comentario que consideraron ofensivo, situación que se resolvió con una aclaración.
La Votación Final
Finalmente, el pleno votó en contra de la propuesta del Grupo Municipal Socialista de posponer la discusión del expediente para su reconsideración, y aprobó la modificación de la ordenanza por mayoría, con 14 votos a favor y 11 en contra. La sesión concluyó sin más asuntos pendientes.
Reacción del PSOE
Isabel Gadea, portavoz del PSOE, en un comunicado, lamentó que el Gobierno del PP y VOX no reconsiderara y rechazara las alegaciones presentadas por los socialistas para detener el incremento de la tasa de basura. Los socialistas anunciaron que están valorando la posibilidad de iniciar un proceso contencioso-administrativo y se comprometen a luchar por la recuperación de los recursos que, según ellos, han sido injustamente arrebatados a los vecinos por el gobierno de José Ángel Alfonso.




