Verano, vacaciones y violencia de género
Jessica Millán Muñoz, secretaria de la Asociación Mujeres con Nombre, analiza por qué los periodos vacacionales pueden aumentar el riesgo para las víctimas de violencia de género y reclama más recursos públicos, prevención y compromiso institucional frente al negacionismo.
Cada verano escuchamos la misma pregunta: ¿por qué aumentan los casos de violencia de género durante los periodos vacacionales?
La respuesta no está en el calor ni en las vacaciones en sí mismas. La violencia machista es un fenómeno estructural que existe durante todo el año. Sin embargo, determinadas circunstancias propias del verano pueden agravar el riesgo para muchas mujeres.
Mientras para muchas personas el verano significa descanso, viajes y tiempo en familia, para miles de mujeres representa exactamente lo contrario: un periodo en el que aumenta el riesgo de sufrir violencia de género.
No es casualidad. Tampoco es una percepción. La experiencia de los servicios especializados y las estadísticas muestran que los periodos vacacionales concentran un incremento de situaciones de violencia grave y, con demasiada frecuencia, de asesinatos machistas.
Más convivencia y menos espacios de apoyo
La explicación es sencilla. Durante las vacaciones se incrementa el tiempo de convivencia entre víctima y agresor. Desaparecen rutinas que habitualmente ofrecen espacios de respiro, apoyo o protección: el trabajo, el colegio de los hijos e hijas, las actividades cotidianas o el contacto frecuente con familiares y amistades. El aislamiento crece, el control se intensifica y las oportunidades para pedir ayuda disminuyen.
Los datos son contundentes. En lo que llevamos de 2026 ya han sido asesinadas 27 mujeres por sus parejas o exparejas y la cifra continúa aumentando. Desde que comenzaron los registros oficiales en 2003, más de 1.360 mujeres han sido asesinadas en España por violencia de género, dejando además centenares de menores huérfanos.
Las cifras registradas en la Región de Murcia
La realidad en la Región de Murcia tampoco invita al optimismo. Nuestra comunidad continúa situándose entre las que presentan mayor incidencia de violencia de género de todo el país. En el primer trimestre de 2026 se registraron 1.682 mujeres víctimas, un 4,6 % más que el año anterior, alcanzando una tasa de 21,2 víctimas por cada 10.000 mujeres, superior a la media nacional.
Además, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, la Región de Murcia fue en 2025 la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de mujeres víctimas de violencia de género, con 1.624 mujeres registradas con medidas cautelares u órdenes de protección.
Estas cifras deberían bastar para situar la lucha contra la violencia machista como una prioridad democrática. Sin embargo, asistimos con preocupación al crecimiento de corrientes negacionistas que niegan la existencia de la violencia de género, cuestionan las políticas de igualdad o presentan el feminismo como una amenaza.
El debate sobre cómo nombrar el problema
Porque no es solo el verano: también importa la política. Hay un dato que debería incomodarnos profundamente. Mientras la Región de Murcia continúa situándose entre las comunidades con mayor incidencia de violencia de género del país, seguimos asistiendo a un debate político en el que algunos prefieren discutir el nombre del problema antes que combatirlo. Porque las palabras importan.
Llamar violencia de género a la violencia que sufren las mujeres por parte de sus parejas o exparejas no es una cuestión ideológica. Es el término reconocido por la legislación española, por Naciones Unidas, por el Consejo de Europa, por el sistema judicial y por décadas de investigación académica. Cambiar su nombre o negar su existencia no cambia la realidad; solo dificulta combatirla. Negar un problema impide combatirlo. Y cuando las instituciones renuncian a nombrar la violencia machista por su nombre, las víctimas quedan más solas.
En la Región de Murcia y en municipios como Molina de Segura gobiernan el Partido Popular y Vox gracias a acuerdos de coalición. Es un hecho político que merece reflexión, especialmente cuando uno de los socios sostiene desde hace años un discurso contrario a la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y rechaza el propio concepto de violencia machista.
La pregunta no es si un gobierno provoca más violencia. La violencia machista existía antes y, desgraciadamente, seguirá existiendo mientras persista la desigualdad entre hombres y mujeres. La verdadera pregunta es otra: ¿qué mensaje reciben las víctimas cuando quienes participan en las instituciones cuestionan las herramientas creadas precisamente para protegerlas?
Recursos públicos y respaldo institucional
Las políticas públicas no son neutrales. Nombrar el problema, financiar recursos especializados, educar en igualdad y respaldar a quienes trabajan cada día con las víctimas salva vidas. Del mismo modo, banalizar la violencia, alimentar el negacionismo o convertir la igualdad en un campo de batalla partidista tiene consecuencias sociales, aunque no siempre sean inmediatamente cuantificables.
El fascismo y la extrema derecha han encontrado en el antifeminismo uno de sus principales instrumentos de movilización. No es casualidad. El cuestionamiento de los derechos de las mujeres forma parte de un proyecto político más amplio que también pone en duda otros derechos y libertades conquistados por nuestra democracia.
Frente a ese retroceso, la respuesta no puede ser el silencio. Debe ser más feminismo, más educación, más recursos públicos y más compromiso institucional.
Fuente: Jessica Millán Muñoz, Secretaria de Mujeres con Nombre
